El caso de Al Ángulo TV volvió a poner sobre la mesa un debate que no es nuevo. Hace unos días se detuvo en Paraná a Alejo Leonel Warles, conocido como “Shishi”, señalado como creador de la plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol, boxeo y Fórmula 1. Se secuestraron dispositivos, billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas. Pero la Justicia decidió liberarlo bajo caución juratoria, al no tener antecedentes y tratarse de un delito excarcelable.
Por supuesto, este tema generó mucho debate en redes sociales, sobre todo por parte de usuarios que comentaban “No hace ningún mal, no le roba a nadie, no lucra de verdad, solamente comparte lo que las grandes empresas cobran fortunas por transmitir”. Este discurso se repite cada vez que aparece una
página como Al Ángulo TV o, el año pasado, Fútbol Libre. La idea de un “pibe humilde” contra corporaciones como LALIGA o las cadenas que monopolizan los derechos deportivos despierta simpatía en gran parte del público.
Pero la otra cara del debate es clara: estas transmisiones violan la Ley de Propiedad Intelectual, generan pérdidas millonarias a la industria y, sobre todo, exponen a los usuarios a fraudes, softwares malignos y robo de datos. La monetización existe (aunque sea encubierta) y detrás de lo que parece “gratis” hay
negocios que no son tan inocentes. ¿Entonces? ¿Robin Hood digital o ciberdelincuente?
La respuesta no es sencilla, porque conviven la sensación de injusticia social con la realidad jurídica y los riesgos tecnológicos. Lo cierto es que estos casos muestran un problema estructural: el acceso desigual al entretenimiento y al deporte convive con redes que se aprovechan de esa demanda para lucrar ilegalmente.
Más allá de la simpatía o rechazo que pueda generar cada caso, creo que vale la pena preguntarnos: ¿cómo se construye un consumo digital responsable? ¿De qué manera garantizamos el acceso a contenidos sin caer en la vulneración de derechos y sin exponernos a delitos informáticos?
La discusión está abierta, y el caso Al Ángulo TV es una muestra de que la piratería digital no solo es un tema legal, sino también social, económico y ético.